Comparaciones odiosas

A estas horas David Reboredo continúa en prisión. Su historia es como la de tantos otros jóvenes que allá por los años ochenta cayeron en el infierno de la droga. El caballo atrapó sin piedad a muchos miembros de una generación que se enfrentaba sin ningún tipo de límite a la mayor explosión de libertad vivida jamás en España. Algunos ya no están para contarlo pero David salió del profundo agujero de la droga para hacerse al fin con esa etiqueta de extoxicómano rehabilitado que esta sociedad te cuelga y recuerda de por vida. También, como muchos otros, tuvo una recaída en esa adicción que nunca abandona su idea de sembrar el camino de tentaciones y en 2009 fue detenido por posesión de medio gramo de heroína.

El pasado 5 de Diciembre ingresó en prisión, condenado a una pena de siete años por sus errores del pasado, a pesar de que lleva ya tres años desintoxicado y colabora en diversos centros de ayuda a los drogodependientes, desarrollando un trabajo social encomiable como es el de ofrecer su auxilio y experiencia a otras personas para evitar que caigan en el mismo profundo agujero que a él tantos años le costó abandonar. Diversas organizaciones sociales, sindicatos e incluso clubes deportivos como el Celta de Vigo se han sumado a la petición de que se le conceda a David -una persona totalmente reinsertada en la sociedad- el indulto que merece y que el Gobierno ya le ha denegado en dos ocasiones.

¿Pero qué criterio tiene en cuenta el ejecutivo para llevar a cabo un indulto en España? Sinceramente, no sabría responder a la pregunta que acabo de formularles porque ni éste ni ningún otro gobierno están obligados a argumentar las razones de dichos actos de gracia amparándose en una ley de 1870 nada más y nada menos, miren ustedes si ha llovido. Y si dicen que las comparaciones son odiosas, no les quiero ni contar lo tremendamente odiosas que resultan cuando se trata el espinoso tema de los indultos dictados por los últimos presidentes de este país en el que la justicia ya no sólo es ciega sino también sorda y muda.

Si les parece comenzaremos por el expresidente Aznar, que durante sus dos legislaturas se convirtió en un verdadero amante de los indultos, en un killer en el area del perdón penitenciario elegido a dedo, llegando a convertirse hasta la fecha en el presidente español que más número de penas ha indultado. Fueron un total de 5.916, entre las que destacan como más polémicas las concedidas a Rafael Vera -exsecretario de estado- y José Barrionuevo -exministro de Defensa- condenados por su participación en los GAL y por el secuestro de Segundo Marey, o el del exjuez Javier Gómez de Liaño, condenado por prevaricación. El expresidente Zapatero también le cogió el gusto al asunto y sumó durante sus ocho años en Moncloa 3.226 indultos, de los cuales, sin duda alguna, el que más escoció entre sus votantes fue el de Alfredo Sáez, consejero delegado del Banco Santander y mano derecha de Emilio Botín, condenado por denuncia falsa cuando presidía Banesto. Este caso fue más sangrante todavía si se tiene en cuenta que el indulto fue concedido tras las elecciones del 20N -sobre la bocina si me permiten el símil baloncestístico- cuando Zapatero presidía aquel gobierno en funciones a punto de dejar el poder tras ser barrido en las urnas por un Mariano Rajoy que a día de hoy, un año después de su llegada a la presidencia, ya suma la sorprendente cifra de casi 500 indultos. Un año en el que hemos asistido impávidos a indultos escandalosos como el de los cuatro Mossos d'Esquadra condenados por torturas o el de Josep María Servitge -exalto cargo de Unió Democrática de Catalunya- condenado por desvío de fondos públicos o el de los dos militares condenados por falsificación documental en el caso Yak-42, del que curiosamente, Federico Trillo -exministro de Defensa- salió indemne.

Como les decía, hemos asistido a muchas barbaridades cometidas por políticos con vocación de justicieros, sin embargo, deteniéndonos con detalle en el último indulto realizado por el Consejo de Ministros -publicado en el BOE el pasado 5 de Enero- es cuando realmente uno se da cuenta de la arbitrariedad con la que actúan y de las diferentes varas de medir que aplican en sus decisiones. Este último indulto del que les hablo ha sido concedido a Ramón Jorge Ríos Salgado, condenado a trece años de prisión por matar a un hombre en 2003 cuando conducía su vehículo a gran velocidad y en sentido contrario por la autopista A-7, y al cual se le ha conmutado la pena por dos años de multa a seis euros por día, sin que de nada hayan servido los informes contrarios de la Audiencia Provincial de Valencia ni de la Fiscalía. Eso es lo que vale la vida de ese chico para nuestros gobernantes. Después, cuando la prensa ha rascado un poco en la superficialidad de un indulto aparentemente incomprensible -sobretodo para los familiares del fallecido- resulta ser que uno de los hijos del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, trabaja en el bufete de abogados que defendió al kamikaze homicida indultado, que además fue defendido por el hermano de Ignacio Astarloa, diputado del PP. ¿Casualidad? Permítanme que les diga que ya hace mucho tiempo dejé de creer en ellas.

Resulta inquietante, sospechoso y sumamente indignante el trato desigual que el Consejo de Ministros aplica con su sentido atrofiado de la justicia, convertida desde hace muchos años en otro sinsentido de este país corrupto y canalla. Es lamentable el desprecio absoluto que demuestran no ya sólo por la ley y las decisiones judiciales, sino también por los ciudadanos, que asistimos incrédulos a un goteo incesante de favores políticos y de un hoy por ti y mañana por mí que parece no tener límites ni vergüenza.

Viendo el panorama, me vienen a la cabeza aquellas palabras pronunciadas por el rey Juan Carlos en su discurso de navidad de hace poco más de un año en las que defendía que todas las personas somos iguales ante la ley. Quizá el monarca, con su campechanismo por bandera, debería hacerle una visita a David Reboredo y explicárselo en persona, mirándole fijamente a los ojos sin que se le caiga la cara de vergüenza, aunque mucho me temo que a David no le haría ni puñetera gracia escuchar más sandeces pronunciadas de cara a la galería. En fin, visto lo visto, sólo me queda enviarle a David todo mi ánimo desde esta humilde ventana al mundo y desearle que al fin se haga justicia.

El coleccionista de cargos

Suelen aparecer de forma masiva en los kioskos y librerías de toda España hacia el mes de Septiembre, después del descanso estival, como queriéndonos decir "ahora que estáis relajados os vais a enterar". Puede que a mucha gente les resulten objetos inútiles, estrambóticos e incluso enseres destinados a una pandilla de descerebrados, pero si cada año hacen acto de presencia en los anuncios de todas las cadenas de televisión será porque es un producto rentable. Sí, les hablo de las colecciones, ya saben, dedales de porcelana, abanicos, buques legendarios de la Segunda Guerra Mundial, coches de época o instrumentos musicales en miniatura.

En este país somos muy propensos al coleccionismo de todo tipo de objetos estúpidos, pero después de ver la noticia estrella de la pasada semana, ha nacido un nuevo tipo de coleccionismo cuyo máximo exponente es el señor Rodrigo Rato, que se ha convertido en -hágase un breve silencio y un redoble de tambores- el Coleccionista de Cargos.

Su última adquisición ha sido el cargo de asesor externo para Telefónica en sus consejos de Europa y Latinoamérica, fichaje que la multinacional española justifica debido a la extensa trayectoria y experiencia del señor Rato. Pues bien, ya que estamos, repasemos esa extensa trayectoria que se inicia en el período comprendido entre 1996 y 2004, durante el cual fue nombrado Ministro de Economia y Vicepresidente del Gobierno del Partido Popular liderado por un José María Aznar que en aquella época hablaba catalán en la intimidad. Fue durante estos años cuando Rato y sus colegas llevaron a cabo un sin fin de privatizaciones entre las cuales, sin duda alguna, las más sonadas fueron las de Repsol, Endesa y -cómo no-, Telefónica, que quedó en manos de Juan Villalonga, amigo personal de Rato y Aznar, con quien llegó a compartir pupitre en su infancia.

Tras este período bautizado como "el milagro económico español" en el que se fraguó la futura burbuja inmobiliaria y en el que el expresidente Aznar presumía de construir más viviendas que Francia, Italia y Alemania juntas, nuestro coleccionista de cargos pasó a un estatus superior, ni más ni menos que a director del Fondo Monetario Internacional durante los años 2004 a 2007. No he encontrado mejor manera para definir el paso de Rato por este organismo internacional que remitirme a un informe interno del FMI redactado en 2011, en el cual se realiza una brutal crítica a la actuación del organismo en estos años, destacando el hecho de que hubieran tres directores en tan breve espacio de tiempo -Rato fue su cabeza visible entre Junio de 2004 y Noviembre de 2007- y señalando que se vivió una burbuja de optimismo mientras se gestaba la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión.

Como recompensa a su inconmensurable labor al frente del FMI y a su gran visión económica de futuro, ya en 2010 Rato fue nombrado director de Bankia. No me dirán ustedes que no es una guinda fantástica para coronar su insaciable colección de cargos. Pero esta vez nada fue como el gran visionario español de nuestro tiempo esperaba y las cosas comenzaron a torcerse con demasiada rapidez, obligándole las circunstancias a presentar su dimisión justamente unos días antes de la intervención de la entidad bancaria. Algunos dirán que huyó ante la que se le venía encima, pero esa pronta huída no le sirvió esta vez para evitar dar explicaciones y comparecer en la Audiencia Nacional el pasado mes de Diciembre, imputado en el caso Bankia que investiga irregularidades en su salida a bolsa, falsificación de cuentas y apropiación indebida.

Y así, imputado en un proceso judicial, llegamos de nuevo a la actualidad y a su nombramiento como asesor de Telefónica, impulsado por el presidente de este gigante de las comunicaciones: César Alierta. ¿Qué relación creen ustedes que mantienen Rato y Alierta? Piensen un poco... Pues sí, están en lo cierto. Les une una amistad que ya se cultivaba en aquel lejano 1996, año de la victoria del Partido Popular en unas elecciones marcadas por el famoso latiguillo de "Márchese, señor González". Resulta que en ese bendito año, el señor Alierta, actual presidente de Telefónica, fue nombrado presidente de Tabacalera, y ya saben que los amigos de verdad son generosos entre ellos y sobretodo agradecidos a los favores del pasado. Alierta paga de esta forma su deuda pendiente con creces y nos demuestra una vez más cual es la política de empresa de este mastodonte llamado Telefónica que algún día no tan lejano llegó a ser pública. Y digo una vez más porque les puedo citar casos hasta llegar a aburrirles, aunque aún así correré el riesgo. Por las altas esferas de Telefónica han pasado personajes de la talla de Eduardo Zaplana (peso pesado del PP en la época Aznar y expresidente de la Comunidad Valenciana), Javier de Paz (exsecretario general de las joventudes socialistas y amigo personal del expresidente Zapatero), Narcís Serra (exvicepresidente del gobierno del PSOE en la época de Felipe González), Alberto Aza y José Fernando Almansa (exjefes de la casa del Rey), Alfredo Timmerman (exjefe de gabinete del expresidente Aznar), Iván Rosa (abogado y esposo de la actual vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría), Paloma Villa (esposa del diputado socialista Eduardo Medina) y por último, cómo no citar al fichaje estrella en su momento, la madre de todas las contrataciones Telefonísticas: por supuesto, les hablo del gran Iñaki Urdangarín (Duque de Palma, yerno del Rey Juan Carlos I e imputado en el caso Noos). ¿Casualidad quizás? Júzguenlo ustedes mismos pero mi olfato de sabueso me dice que Mariano Rajoy ya se está relamiendo ante el chollo que le espera cuando abandone la Moncloa.

En los próximos años, el señor Rato seguramente continuará mamando de la teta del poder e incrementando su ya dilatada colección de cargos imposibles, quién sabe, pero estoy convencido de que en un futuro lejano, cuando nuestros jóvenes estudien la historia de España de principios del siglo XXI, Rodrigo Rato será uno de esos personajes identificados como un ejemplo de todos los errores que se cometieron en una época lejana para ellos pero que nosotros vivimos hoy en nuestra piel con sufrimiento e impotencia. Será recordado como uno de tantos hombres sin talento alguno que a pesar de ello llegaron a regir los destinos de una nación que quedó hipotecada de por vida. Será recordado al fin y al cabo, como un vendedor de humo y como el gran mesías del efervescente e irreal milagro económico español.

Ante tal panorama de enchufismo, amiguismo y pago de favores políticos a mano rota que hemos contemplado en Telefónica en los últimos tiempos, ¿qué podemos hacer nosotros, los ciudadanos? Pues así, a bote pronto, ser consecuentes con nuestros valores e ideales, y llevar a cabo una de las escasas desobediencias civiles que nos permite este sistema capitalista: castigar como usuarios a aquellas empresas que lo merezcan, es decir, abandonar el paraguas de sus servicios y buscar cobijo en alguna otra que nos ofrezca garantías morales y una cobertura ética. Parece difícil de encontrar en los tiempos que corren, cuando lo único que parece importar es el dinero y los beneficios, pero sin duda existen otras alternativas de las que almenos no tengamos que avergonzarnos.

Al contrario de lo que hacen otros, yo les aconsejo que coleccionen principios, dignidad, rebeldía y mala leche para afrontar lo que gente como Rato nos tienen preparado para el futuro. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosa nos queda?

Historia de un espejismo

Creemos que otra forma de gobernar es posible y desde esa idea vamos a trabajar. Entendemos la política como un servicio público. Nos debemos a nuestros vecinos y no a la inversa. Es nuestra obligación, y así lo haremos, trabajar por el bien común de nuestro pueblo, atendiendo sus necesidades y solucionando sus problemas.

Estas palabras fueron pronunciadas en Junio de 2011 por Elena Biurrun en el pleno de su investidura como alcaldesa del municipio madrileño de Torrelodones. Y ahora les voy a explicar por qué le dedico a ella y a su partido local mi primer artículo de este recién estrenado 2013.

A finales del pasado año, un amigo que es fiel seguidor de este modesto blog me dijo que ya estaba bien, que me dejara de malos rollos y me dedicara a buscar una noticia positiva de la que hablar, al menos una. Pues bien, la tengo. Ha pasado más de un año y medio desde que se pronunciaran las palabras con las que he iniciado mi exposición y es por tanto un buen momento para recapitular las medidas que se han adoptado en el municipio de Torrelodones -situado a 29 Km de Madrid- tras la llegada a la alcaldía del partido "Vecinos por Torrelodones" con su compromiso por la transparencia, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción, acabando con 24 años consecutivos de gobierno del Partido Popular. Dicho partido vecinal, sin políticos profesionales en sus filas, se formó hace siete años como una plataforma contra la construcción en el pueblo de una gran urbanización con campo de golf, proyecto impulsado por el anterior gobierno. En su primera participación en unas elecciones, con esa oposición a la esmentada operación de especulación inmobiliaria como bandera, obtuvieron unos resultados sorprendentes, alcanzando el 23% de los votos y situándose como segunda fuerza política, pero fue ya en 2011 cuando se hicieron con la alcaldía obteniendo un total de 9 concejales y ascendiendo hasta el 37% del total de votos.

La nueva alcaldesa Elena Biurrun y su equipo de gobierno llevaron a cabo entonces una serie de medidas que, visto lo visto en el panorama nacional, nos parecen de otro mundo cuando en realidad no deberían extrañarnos en una democracia justa y transparente. Pero ya saben, la justicia y la transparencia en nuestra democracia ni están ni se las espera. Entre esas medidas insólitas me gustaría destacar algunas como la bajada de sueldos de un 20% de la alcaldesa y su equipo de gobierno, la eliminación de cargos políticos de confianza y asesores, el establecimiento de un compromiso de transparencia según el cual todos los sueldos municipales están colgados en la web del ayuntamiento para consulta pública, el recorte de gastos prescindibles como fotocopias, comidas protocolarias o aperitivos, la eliminación de la grua municipal, la furgoneta de atestados de la policía y el coche oficial del alcalde -con chófer incluido-, la renegociación de los contratos con las empresas de basura, limpieza y otros servicios urbanos, y por último la puesta al día con el pago a proveedores que se establece en torno a los 30-35 días. No se asombrarán entonces si les digo que el ayuntamiento tuvo el pasado año un superávit de 5,4 millones de euros.

Ante la evidencia, podemos afirmar sin medias tintas que otra manera de gobernar es posible, que basta ya de excusas, de herencias recibidas y de realidades que obligan a tomar decisiones dolorosas. Las principales virtudes de un buen gobernante deben ser la honestidad en su trabajo, la buena gestión del dinero público, un gran sentido de la justicia social y la defensa de un orden de prioridades que mantenga al ciudadano siempre en su cúspide, porque los gobernantes, al fin y al cabo, se deben exclusivamente al pueblo que les ha elegido para representarles.

Lamentablemente, el caso que hoy tratamos es un oasis en el medio del desierto, es la historia de un espejismo que nadie sabe cuándo desaparecerá ante las garras del poder que todo lo corrompe. Llegados a este punto es cuando me pregunto si ante el desgaste diario se volverán inmunes a la realidad de la calle y estos vecinos por Torrelodones pasarán a convertirse en políticos hipócritas al uso para beneficio de sus propios intereses. Quizá otro día les diría que sin duda acabarán como todos, seducidos por el poder y el dinero que ablanda conciencias, pero qué quieren que les diga, hoy me siento positivo y me niego a creerlo. Disculpen, pero es mi propósito para este nuevo año, al menos hasta que llegue el primer desencanto.

El lenguaje pervertido

Nos toman por imbéciles. Ésa es la triste conclusión a la que he llegado tras escuchar el enésimo eufemismo pronunciado por un político español. La poca vergüenza con la que la mayoría de la clase política de este país intenta tomarnos el pelo ha llegado a límites insospechados, y no ya sólo con sus actos sino también con sus palabras, convertidas en auténticos laberintos indescifrables, en equilibrismos imposibles sobre un diccionario, en definitiva, en trampas lingüísticas para ocultar la verdad y evitar llamar a las cosas por su nombre.

Pues bien, ese último caso del que les hablaba y que llegó incluso a provocarme una sonora carcajada ante el esperpento que acababa de escuchar lo protagonizó la delegada del gobierno en la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. El hecho acaecido fue la imposición de multas por valor de 500 € a varios de los manifestantes presentes en la concentración de protesta realizada junto al Congreso de los Diputados el pasado 27 de Octubre, por tratarse, según la delegada del gobierno, de una manifestación ilegal al no contar con la autorización pertinente. Y ahí viene el esperpento lingüístico, no se lo pierdan. Según el criterio de la señora Cifuentes, dichas multas no se consideran como tales sino que pasan a convertirse por arte de magia en procedimientos administrativos sancionadores. Ahí queda eso.

No se crean ustedes que este fenómeno basado en la vuelta de tuerca dialéctica tiene un color político determinado. Los trileros del vocabulario viran de igual manera a la izquierda que a la derecha. El anterior gobierno del PSOE con Zapatero a la cabeza ya hizo sus pinitos en el tema, convirtiéndose en auténticos expertos del enroque de palabras, sin ir más lejos con su tema estrella: la crisis económica, a la que llegaron a tildar como desaceleración económica, coyuntura negativa, escenario de crecimiento debilitado o situación económica claramente adversa.

Sin embargo, el actual gobierno de Mariano Rajoy y sus muchachos han llevado al súmum el arte de driblar sustantivos incómodos, de no llamar pan al pan y vino al vino tal y como defendía antes de ganar las elecciones, en definitiva, de engañar al personal. En tan sólo un año de gobierno hemos asistido a innumerables insultos a la inteligencia de los ciudadanos, especialmente durante las comparecencias de los miembros del ejecutivo en las que se dedican a realizar ingeniería lingüística con nuestro idioma y necesitan utilizar varias palabras -lo más rebuscadas posible, claro está- para evitar pronuciar un vocablo mal visto o con mala fama que les pueda restar votos en las próximas elecciones.

¿Quién no recuerda la famosa linea de crédito en condiciones extremadamente favorables para evitar decir Rescate? ¿Por qué decir Copago cuando puedes utilizar la fantástica expresión recargo temporal de la solidaridad? ¿Quién querría pronunciar una palabra tan sosa como Recorte pudiendo emplear la imaginativa reforma estructural? ¿No me dirán que no es más bonito flexibilizar el mercado laboral antes que Abaratar el despido o presentar un expediente de regulación de empleo en lugar de Echar trabajadores a la calle? ¿No me irán ustedes a comparar una sencilla y simple Recesión con una tasa negativa de crecimiento económico?

En realidad somos nosotros, los ciudadanos, los que confundimos los términos porque estamos anticuados en lo referente a la bella y antigua lengua de Cervantes. Ya no se lleva lo de la Reforma Fiscal, ahora lo más chic es llamarle medida excepcional para incentivar la tributación de rentas no declaradas, y por supuesto, si no quieren quedar como unos desfasados ni se les ocurra pronunciar la incómoda palabra Desahucio. No se equivoquen. Se trata de un procedimiento de ejecución hipotecaria.

Ya ven, nuestros gobernantes han perdido el norte hasta en el habla. La gilipollez extrema se ha apoderado de ellos y no entienden que lo único que hacen con estas actitudes es el ridículo más espantoso. Esta escalada de imbecilidad masiva parece no tener fin y lo único que me aterra es que al final se nos acabe contagiando algo al resto de los mortales. Imagínense usando tales eufemismos en su día a día. Rediós, lo de ir a hacer la compra pasaría a denominarse recolección de alimentación básica para el desarrollo de núcleos familiares, poner gasolina sería repostar el combustible idóneo para el transporte de las personas físicas, y tomarte un simple café qué menos que una ingesta de sustancia líquida estimulante originaria de zonas meridionales americanas.

Ustedes me disculparán pero yo me resisto. Aunque me vean con aptitudes para la perversión del lenguaje, aún no estoy preparado para tanta tontería.

La residencia tenía un precio

Cómo se les ve el plumero, oigan. A estas alturas de la película ni se esfuerzan en disimular, no ya su racismo de sobras conocido sino su clasismo y su doble rasero. Escuché la noticia ayer por la tarde y les juro que aún no salgo de mi asombro. Si no se han enterado, escuchen, no se pierdan la última ocurrencia del presidente Mariano Rajoy, la mente privilegiada que guía el timón de este país y que parece conducirnos directamente al más histórico de los estropicios. No dilato más la espera. El gallego iluminado y su gobierno han creído conveniente proponer que todos aquellos inmigrantes sin papeles que compren una vivienda cuyo valor sea superior a 160.000 €, recibirán inmediatamente el permiso de residencia. Con un par.

La pregunta que cabe hacerse es, ¿qué tipo de inmigrante en la España actual puede costearse dicho dispendio? ¿A quién beneficia esta medida?

Todo el mundo es consciente de que lo más urgente en estos momentos de dificultad es echarle una mano a esos pobres inmigrantes -rusos y chinos en su mayoría- que vienen a nuestro país con una mano delante luciendo Rolex y una mano detrás con pulsera de Cartier. Las pobres criaturas tienen que invertir su abundante dinero, claro está, y qué mejor sector para realizar dicha inversión que nuestro recurrente y amado ladrillo que tantas alegrías nos ha dado. Así matamos dos o tres pájaros de un tiro: nos quitamos de encima pisos vacíos, maquillamos las cifras de ventas, atraemos ricachones extranjeros y a cambio del favor les damos la residencia. Negocio redondo para todos. La especulación que los felices compradores puedan realizar con las viviendas adquiridas, tan sólo esperando que pasen unos añitos y suba de nuevo el precio de sus inmuebles para venderlos y engordar aún más sus ya abultadas cuentas corrientes, eso qué más dará ahora cuando lo que necesitamos con urgencia es que se vendan todos esos pisos sin gente para que la gente sin piso no dé más la tabarra y deje de okuparlos.

Y así estamos. Mientras los sin papeles pudientes aprovechan la ocasión y consiguen su permiso de residencia a cambio de realizar el tremendo esfuerzo de comprarse una choza en el barrio de Salamanca o en Pedralbes, la inmensa mayoría de sin papeles debe luchar cada día para sobrevivir sin recursos en medio de la mierda en que se ha convertido este país -imaginen cómo será la situación del país del que escapan- viendo cómo se les aplican medidas discriminatorias en relación a los extranjeros con billetes y se les despoja de cualquier tipo de derecho.

Cabe recordar que hace unos meses el gobierno aprobó un Real Decreto según el cual se excluía de la cobertura sanitaria pública a todos los extranjeros que se encontraran en situación irregular, dándose así el primer paso para el desmantelamiento de la sanidad pública gratuita y universal tal y como la conocíamos, al que han seguido diversas medidas que nos están llevando a un nuevo modelo que avanza imparable hacia la privatización de la sanidad.

Reconozco que en papeleos, permisos de residencia y materias similares tengo algo de experiencia, pues mi compañera es uruguaya y ya hemos pasado por todo eso. Recuerdo cómo durante sus primeros años en España como irregular -sin permiso de residencia ni trabajo- paseábamos por la calle con la angustia de encontrarnos a la policía y que ésta le pidiera la documentación. Sin embargo, en aquel momento no importaba demasiado la entrada de extranjeros ilegales porque hacía falta mano de obra barata y tanto el Estado como los empresarios hicieron la vista gorda, sin duda porque beneficiaba a sus intereses económicos. Aquello ya pasó a la historia y parece ser que también pasó al olvido cuando me vienen a la cabeza nombres que a día de hoy intentan pescar en río revuelto, como el de Josep Anglada, faro de la ultraderecha catalana, o el de Carlos Floriano, Vicesecretario de Organización del PP, que hace unas semanas afirmo que los inmigrantes sin papeles deberían estar en sus países.

Es en estos momentos en los que me dan ganas de hacer la maleta y pirarme de este desbarajuste absoluto llamado España, cuando irremediablemente me pregunto, ¿qué pensarán ahora de la inmigración ilegal todos esos españoles que están saliendo al extranjero a buscarse la vida, muchos de ellos lanzándose a la aventura sin ningún contacto ni contrato laboral? ¿Estarán de acuerdo en que se les aplique las mismas medidas que aplicamos a los sin papeles en España? ¿Por qué después de tantos años recibiendo inmigrantes, ahora que nos toca a nosotros abandonar nuestra tierra en busca de oportunidades somos incapaces de aprender de nuestros errores? Quizá sea porque aquellos que nos gobiernan son incapaces de dar mensajes a la población en la dirección de la solidaridad y el apoyo entre los pueblos, y eso es debido a que saben con rotunda seguridad que ellos jamás se verán abocados a la desesperación y al exilio. Ojalá les tocara algún día y vivieran en carne propia el dasarraigo más doloroso, pero mucho me temo que será en nuestros sueños porque lo tienen todo demasiado bien atado. Aún así, qué carajo, soñar es gratis. 

A reclamar al maestro armero

Alguien debería pararles los pies, o mejor dicho, las manos con las que reparten mandobles a diestro y siniestro. Las actuaciones llevadas a cabo por los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra en Cataluña durante las concentraciones y manifestaciones realizadas con motivo de la huelga general del pasado 14 N, no hacen más que confirmar lo que ya sospechábamos. Estos tipos ataviados con cascos, protecciones innumerables, porras y escopetas, no sólo disfrutan con la brutalidad que ejercen sobre hombres, mujeres, ancianos e incluso niños, sino que además disponen de una impunidad que pone los pelos de punta.

Concretamente, el pasado miércoles sucedieron dos acciones que me escandalizaron profundamente, y aún hoy, viendo de nuevo las imágenes por televisión, me hacen hervir la sangre. Durante la mañana fue en Tarragona donde un valiente agente de los Mossos asestó un porrazo a un peligroso niño de 13 años, provocándole una aparatosa brecha en la cabeza a la que los médicos tuvieron que aplicar cinco puntos de sutura, y por la tarde, en la Plaça Catalunya de Barcelona, una mujer recibió el impacto de una bala de goma en el ojo izquierdo que le produjo la explosión del globo ocular y la consecuente pérdida de visión de dicho ojo.

Son como perros de presa. No distinguen entre sexos, razas ni edades. Entran como elefantes en una cacharrería y sálvese quien pueda. Lo curioso es que esos mismos policías que no dudan en manifestarse ante los recortes sufridos en sus sueldos gracias al gobierno que defienden y representan, al día siguiente dejan en casa la empatía y la solidaridad hacia aquellos que muestran -pacíficamente en la inmensa mayoría de casos- su descontento con la situación actual de la misma manera que lo hace el colectivo policial.

El problema de los lamentables episodios ocurridos tanto en Tarragona como en Barcelona, no es tan sólo el dolor físico causado a los agredidos, la humillación o la injusticia de tales actos, sino la impunidad con la que estos señores ejercitan la violencia gratuita en tantas ocasiones, amparados en el encubrimiento de sus superiores, en la permisividad de las propias instituciones y en el incumplimiento de la ley. Ya ha llovido desde aquel lejano mes de Noviembre del 2008 en el que se publicó en Cataluña un decreto según el cual todos los agentes de los Mossos d'Esquadra -excepto los que vistan de gala, por lo tanto antidisturbios incluidos- deben llevar visible su número de identificación policial. Dicho decreto nunca ha llegado a aplicarse en el caso de los antidisturbios, justificando el incumplimiento de la ley con la vieja excusa de evitar denuncias falsas. Otra de las defensas más recurrentes a las que se acogen es vaga a la vez que tramposa: afirman que efectivamente muestran su número de identificación, pero lo mezquino de su argumento es que en realidad lo lucen bajo el chaleco de protección, impidiendo a cualquier ciudadano conocer la identidad del agente que le acaba de abrir la cabeza y proceder a su denuncia inmediata.

Supongo que ocurrirá lo de siempre y se seguirá incumpliendo la ley de identificación policial hasta el día que suceda una desgracia. Un golpe de porra mal dado, una bola de goma que impacta en el lugar equivocado, un atropello mortal involuntario. Entonces sí, todos a correr, y me juego lo que quieran que a la semana siguiente veremos a los antidisturbios con un número fosforito en su chaleco del tamaño de Cuenca, con el nombre, el DNI y la talla de calzoncillos que calza el susodicho si es necesario. Y es que aquí somos así. Podemos pasar en un nanosegundo de ignorar olímpicamente las leyes que nosotros mismos promulgamos a ser más papistas que el Papa. Pero hasta que llegue ese día, ya saben, leña y a reclamar al maestro armero.

Ahora vienen las prisas

Desde esta plataforma en la que desahogo la mala leche que provoca vivir en este país nuestro de improvisación y demagogia, quiero felicitar a las entidades bancarias españolas en general y a La Caixa en particular por su última actuación. Enhorabuena, lo habéis conseguido. Ya tenéis un piso más en Barakaldo para vender y engordar vuestras arcas. Tan sólo existe un problema, que sin duda no será un gran obstáculo ni una gran carga para las conciencias de los dirigentes de dichas entidades: una mujer se ha suicidado lanzándose al vacío justo en el instante en que la policía entraba en su portal para proceder al desahucio de la vivienda que había dejado de pagar por problemas económicos.

Su nombre era Amaya Egaña, tenía 53 años y ya es el segundo caso de suicidio relacionado con una ejecución hipotecaria tras el de Miguel Ángel Domingo, que el pasado 25 de Octubre apareció colgado en el patio de su vivienda, ubicada en Granada.

Ahora todo el mundo se echa las manos a la cabeza y se pregunta cómo ha podido suceder semejante acto de desesperación, pero este drama que sacude a millones de personas no es nada nuevo en la sociedad española. Cabe recordar que desde el 2008 se han ejecutado 350.000 desalojos y para el próximo año hay cálculos que indican que se llevarán a cabo alrededor de 100.000 más. Las clases dirigentes han cerrado sus ojos al problema durante varios años, y lo que es aún peor, han dado a los bancos carta blanca para aplicar sus políticas de usura y vileza además de proporcionarles miles de millones de euros a través de aquella famosa "línea de crédito en condiciones extremadamente favorables". Esa carta blanca fue disfrazada de manera lamentable por el presidente Rajoy con la creación de un código de buenas prácticas destinado a detener los desahucios y que dejaba a la buena voluntad de las entidades financieras la decisión de desalojar o no a las familias. Como era de esperar, esa medida fue papel mojado desde el mismo día de su creación.

¿Alguien en su sano juicio podía pensar en que los bancos actuarían de buena voluntad? ¿A alguien se le pasó por la cabeza que dejarían de ganar millones de euros a cambio de no dejar a la gente literalmente en la calle? ¿Alguien dudaba de que estos señores no tienen corazón y de que en su lista de prioridades se encuentra el dinero en primer lugar?

Hay que poner este tema en antecedentes y recordar que los que pusieron sobre la mesa el gran problema que nos acecha fueron las plataformas sociales y de afectados como "STOP desahucios" o la "Plataforma de afectados por la hipoteca" (PAH) a través de sus innumerables protestas e incluso con la presentación ante el Congreso de varias iniciativas legislativas populares, ninguna de las cuales fue debatida en un pleno. A pesar de la insistencia, su voz no fue escuchada en ningún momento por los políticos que deberían actuar como los representantes del pueblo. En este sentido, tampoco podemos olvidar que los dos grupos mayoritarios en el Congreso, PP y PSOE, se han negado reiteradamente a modificar la ley hipotecaria y a permitir la dación en pago en caso de insolvencia ante la hipoteca. Han tenido que ocurrir dos lamentables muertes que se podrían haber evitado para que tanto al gobierno como a la oposición les vengan ahora las prisas. Rajoy ya ha adelantado que mañana se reunirá con Rubalcaba para tomar nuevas medidas y que acelerará los contactos con cajas y bancos para pedir una moratoria en los desahucios.

Es muy español eso de no reaccionar hasta que ocurre una desgracia, hasta que no se le ven las orejas al lobo. El drama social que viven millones de personas les importa un carajo a aquellos que nos gobiernan porque para ellos somos invisibles mientras vayamos sobreviviendo, trampeando, revolcándonos diariamente en el fango para salir adelante. Sin embargo, todo cambia cuando alguien pasa a mejor vida. Alto ahí, eso ya es otra cosa. La muerte -aún más si ésta se produce tan injustamente- conlleva un impacto emocional tan grande sobre el conjunto de la población que podría ser peligroso. Me imagino lo que a Rajoy se le habrá pasado por la cabeza: ¿Y si se les acaba la paciencia? ¿Y si llegan de verdad a ocupar el Congreso? ¿Y si nos echan a patadas?

El típico y viejo truco de la reacción inmediata ante una acción peligrosa. Un poco de agua que apague el fuego aunque sea ligeramente. En definitiva, más de lo mismo, hasta que algún día el pueblo diga basta.